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por Edi Torcito
La Ley de Sociedades de Convivencia del Distrito Federal, promulgada hace unos días, es un paso hacia adelante en la lucha sempiterna de los mexicanos por desasirnos de los atavismos culturales que, a resultas de los dogmas y prejuicios religiosos que van a contrapelo de la realidad social, caracterizan nuestro atraso.
La promulgación del citado ordenamiento, tras seis años de debate en los estratos variopintos de la sociedad capitalina, sitúa al Poder Legislativo local --la Asamblea Legislativa del DF-- a la vanguardia respecto de los 31 estados adheridos al Pacto Federal que cohesiona la existencia misma de los Estados Unidos Mexicanos.
Empero, esa Ley tiene muchos detractores, siendo estos, principalmente, grupos laicos afines a la Iglesia católica y de esta misma y sus jerarcas más conspicuos, quienes consideran a la legislación citada como pecadora. El sentir y el parecer de la Iglesia se sustenta sobre premisas falsas y erróneas: la ley no es equivalente ni sustituto de la institución del matrimonio --fuere éste civil, que es el legalmente válido, o religioso, que es puramente un convencionalismo social--, sino una vía jurídica para validar contratos de convivencia entre individuos de un mismo sexo o entre hombres y mujeres.
Le otorga certidumbre jurídica a quienes resuelvan compartir sus intereses, sean estos emocionales o de conveniencia o a cualesquiera otras formas de relaciones personales de convivencia. La nueva Ley le otorga juridicidad a esas relaciones y seguridad a quienes las establecen. Esta Ley contribuirá, sin duda, a consolidar la formalidad de convivencias informales que, por cualesquiera razones --legales o morales o culturales--, no se reflejan en la institución del contrato matrimonial.
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